México inició el año 2026 con niveles de violencia similares a los registrados durante 2025, documentando 49 homicidios dolosos en 17 entidades del país durante las primeras 24 horas del año, según reportes de fiscalías estatales recopilados por el Gabinete de Seguridad Federal. Las cifras evidencian la persistencia de desafíos estructurales en materia de seguridad pública que el gobierno enfrenta dificultades para revertir pese a estrategias implementadas durante el año anterior.

Los estados con mayor incidencia en la fecha fueron Chihuahua y Sinaloa, que entre ambos acumularon un total de 17 casos. Esta concentración geográfica de la violencia homicida refleja patrones establecidos relacionados con presencia de organizaciones criminales en disputa por control territorial y rutas de tráfico de sustancias ilícitas. El informe de homicidios dolosos emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos con armas de fuego.

Chihuahua encabeza cifras del primer día

Chihuahua acumuló un total de nueve homicidios dolosos durante el primer día de enero, convirtiéndose en el estado más violento de la jornada inicial de 2026. Aunque las autoridades estatales no emitieron un informe detallado respecto a las fatalidades, reportes de la prensa local sugieren que la mayoría de los asesinatos habrían sido cometidos con armas de fuego en diferentes municipios de la entidad.

Uno de los episodios documentados ocurrió en la colonia Insurgentes de la capital chihuahuense, donde vecinos solicitaron el apoyo de las fuerzas de seguridad luego de escuchar varios disparos. Las autoridades locales han atribuido esta violencia a disputas entre grupos criminales que mantienen presencia en el estado, situación que se ha prolongado por años sin que estrategias gubernamentales logren revertir la tendencia de manera sostenida.

Sinaloa mantiene niveles críticos de inseguridad

Sinaloa arrancó el 2026 con ocho asesinatos registrados durante el primer día del año. Entre los incidentes documentados destaca el homicidio de dos hombres identificados como tío y sobrino que fueron víctimas de una agresión directa mientras circulaban por las calles de la colonia Demetrio Vallejo en Aguaruto. Acorde con los primeros reportes, el doble homicidio fue precedido por una persecución que evidenció la violencia persistente en la entidad.

La situación de seguridad en Sinaloa ha experimentado deterioro significativo durante los últimos meses de 2025, relacionado con fragmentación de organizaciones criminales que operan en el estado. Esta fragmentación ha generado múltiples disputas por control territorial y operativo, resultando en escaladas de violencia que afectan a población civil y generan percepción generalizada de inseguridad.

Enero 2025 fue el mes más violento del año

El Gabinete de Seguridad reveló que enero fue el mes más violento de todo 2025, registrando a lo largo de sus 31 días un total de 2,037 víctimas de homicidio doloso. Esta cifra arrojó un promedio diario de 65.7 casos, nivel significativamente superior al observado en otros meses del año. El inicio de 2026 con 49 homicidios en el primer día sugiere que el patrón de violencia elevada en enero podría repetirse este año.

Analistas de seguridad atribuyen esta concentración de violencia en enero a múltiples factores, incluyendo ajustes en estructuras de organizaciones criminales tras operativos implementados durante diciembre, disputas por control de territorios ante cambios en correlaciones de fuerza, y venganzas relacionadas con eventos ocurridos durante el mes previo. La combinación de estos factores genera una dinámica particularmente violenta durante las primeras semanas del año.

Persistencia de vínculos entre autoridades y crimen organizado

Integralia Consultores identificó como uno de los riesgos políticos y de seguridad para 2026 la persistencia de vínculos entre autoridades y delincuencia organizada. La ausencia de una estrategia clara y efectiva para combatir a grupos criminales permite la consolidación de estas redes de corrupción que minan la capacidad estatal para garantizar seguridad ciudadana y Estado de derecho.

La infiltración de organizaciones criminales en estructuras de seguridad pública y gobiernos locales representa un obstáculo fundamental para la efectividad de políticas de seguridad. Mientras persistan estos vínculos, las estrategias gubernamentales enfrentarán sabotaje interno que reduce significativamente sus posibilidades de éxito en la reducción de niveles de violencia que afectan amplias regiones del país.

Impacto sobre inversión y actividad económica

Los niveles persistentemente elevados de violencia homicida afectan negativamente el clima de inversión y la actividad económica en entidades afectadas. Empresas reportan dificultades para operar en ambientes caracterizados por inseguridad generalizada, enfrentando costos adicionales relacionados con seguridad privada, interrupciones operativas por bloqueos o enfrentamientos, y dificultades para atraer y retener talento que prefiere ubicaciones más seguras.

La violencia también impacta sectores como turismo, comercio y servicios que dependen de percepción de seguridad para su viabilidad económica. Estados con índices de homicidios persistentemente elevados experimentan dificultades para diversificar sus economías más allá de sectores tradicionales, limitando oportunidades de desarrollo económico y movilidad social que podrían contribuir a reducir vulnerabilidades ante reclutamiento por organizaciones criminales, perpetuando así un círculo vicioso de violencia y estancamiento económico.