El gobierno de México anunció la aprobación de 20 proyectos privados de generación renovable por un total de 3,320 MW de capacidad instalada y 1,488 MW de almacenamiento, tras la convocatoria lanzada en octubre de 2025. Las iniciativas representan una inversión conjunta de 4,752 millones de dólares y comenzarán su ejecución en 2026, marcando un avance significativo en la transición energética del país hacia fuentes limpias de generación eléctrica.

La convocatoria, publicada el 17 de octubre de 2025, fue diseñada para acelerar los procesos de evaluación y aprobación de permisos, con el objetivo de viabilizar 6,000 MW de capacidad renovable. Del total ofertado de 5,970 MW distribuidos en seis regiones del país, se cubrió el 55% de la capacidad de generación ofertada y se asignó el 58% de los proyectos propuestos en esta primera ronda.

Distribución tecnológica y geográfica de proyectos

Las iniciativas seleccionadas suman 3,320 MW de generación distribuidos entre tecnologías solar y eólica. En total, 15 proyectos solares aportarán 2,471 MW, mientras que 5 parques eólicos sumarán 849 MW. Adicionalmente, los proyectos incluyen 1,488 MW de capacidad de almacenamiento mediante sistemas de baterías, componente fundamental para gestionar la intermitencia característica de fuentes renovables.

Los proyectos aprobados estarán ubicados en 11 estados del país, incluyendo Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro. Esta distribución geográfica diversificada aprovecha las ventajas comparativas de cada región en términos de recursos naturales disponibles, tanto radiación solar como potencial eólico.

Cambio de paradigma en otorgamiento de permisos

El proceso se desarrolló en línea con la Planeación Energética Vinculante, marcando un cambio estructural significativo en el modelo de permisos para generación privada. A diferencia del esquema anterior basado en solicitudes individuales del sector privado atendidas de manera reactiva, el nuevo enfoque estableció una planificación centralizada que define dónde, con qué tecnología y bajo qué condiciones es posible generar energía.

Esta herramienta permitió reducir los tiempos de tramitación de permisos de 8 meses a solo 2.5 meses en promedio, sin sacrificar rigor técnico en evaluaciones ambientales, sociales, financieras y legales. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este modelo coordina la inversión privada con las necesidades reales del país, garantizando que los permisos otorgados efectivamente se materialicen en proyectos ejecutados.

Inversión en infraestructura de transmisión

En paralelo a la expansión de capacidad de generación renovable, el gobierno fortalecerá la infraestructura de transmisión necesaria para integrar esta nueva capacidad al sistema eléctrico nacional. "Se está invirtiendo en líneas de transmisión porque se genera, pero ¿cómo transmites la energía? Estamos garantizando producción, transmisión y distribución", señaló la presidenta Sheinbaum.

La inversión en redes de transmisión resulta crítica porque muchos de los mejores recursos renovables se ubican en regiones alejadas de los principales centros de consumo. Sin infraestructura adecuada de transmisión, la energía generada no puede llegar a usuarios finales, limitando el aprovechamiento efectivo de la capacidad instalada y reduciendo el retorno sobre las inversiones realizadas.

Segunda convocatoria y perspectivas futuras

El gobierno ha confirmado una segunda convocatoria para finales de enero de 2026, buscando continuar el impulso de inversión privada en generación renovable. Luz Elena González, secretaria de Energía, enfatizó que "queremos que los permisos no sean de papel, sino que realmente se ejecuten", destacando el enfoque en materialización efectiva de proyectos aprobados.

Los proyectos aprobados en la primera convocatoria tienen entrada en operación prevista entre 2027 y 2029, contribuyendo gradualmente a la meta nacional de incrementar la participación de energías limpias en la matriz eléctrica. El modelo implementado busca equilibrar la necesidad de inversión privada con la planificación centralizada que garantice coherencia con objetivos de política energética nacional, incluyendo seguridad de suministro, asequibilidad tarifaria y sostenibilidad ambiental de largo plazo.